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Fallo judicial ratifica extracción ilegal de agua en el río Cogotí de Combarbalá

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Satisfechos se mostraron dirigentes del Comité de Agua Portable Rural (APR) de Combarbalá
tras conocer en detalle la sentencia de la Corte Suprema que falló a su favor en el juicio contra la Agrícola Sastre y Salinas por inscripción de derechos de aguas. Los pormenores del fallo fueron entregados en una reunión sostenida en la Isla de Cogotí, con la presencia de dirigentes territoriales, la abogada que llevó la causa, Adriana Rojas y la diputada por Coquimbo, Nathalie Castillo, integrante de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados/as. 

El antecedente de esta pugna judicial se remonta al año 2015, cuando la empresa agrícola Sastre y Salinas Ltda solicitó derechos de aprovechamiento de agua del Río Cogotí (Combarbalá) por un caudal de diez milímetros por segundo. Frente a la oposición de los Comités de Agua Potable Rural y la negación de la Dirección General de Aguas (DGA), la empresa demandó a las APRs La Isla, La Colorada y la Ligua de Cogotí en el año 2018. Dos años después, el 2020 y tras una respuesta de las APR, la Corte, en primera instancia, falló en favor de los vecinos y vecinas.

“Es muy importante para nuestra diputación estar presente en el territorio para poder recepcionar las  necesidades de los territorios sobre la situación dramática  de escasez hídrica que viven las comunidades del Valle de Limarí. Junto a la presidenta del Consejo Rural Campesino, doña Leticia Ramírez, seguimos trabajando con los lugares más apartados para vincularnos con las comunidades y generar una relación permanente, en mi rol como integrante de la comisión hídrica”, manifestó la diputada Castillo.

Wilson Castillo, presidente de la APR de La Isla, se mostró contento por la noticia, y señaló que “nunca se le había ganado a uno de los poderosos”. El dirigente social manifestó que pese a que fue una lucha de años, “no podíamos quedarnos con los amedrentamientos de los empresarios ya que el dinero no aplastarán nuestras demandas, lo que permitió que la gente se diera cuenta de la importancia de denunciar el robo de aguas”. El presidente de la APR La Isla destacó la creación y lucha de la Coordinadora de Defensa por el Agua, encargada de frenar la venta ilegal del recurso hídrico.

El presidente del APR La Ligua de Cogotí, Pedro Toledo, declaró estar tranquilo por la resolución de la Corte Suprema. “Teníamos fe en la Corte que fallaría a nuestro favor. Ya estamos más tranquilos y no andaremos temerosos. Este fallo sirve para lucha contra los pozos ilegales. Es un muy buen triunfo”, recalcó.

Por su parte, la abogada de las APRs, Adriana Rojas, destacó el trabajo realizado en conjunto con las comunidades, el que no fue solo jurídico, sino que también político y territorial. Asimismo, señaló que lo central del fallo es que estableció que no se pueden inscribir nuevos derechos de agua y que la cuenca del Río Limarí, vertiente donde la empresa quería extraer agua, fue declarada agotada el 2005.

“Este fallo es un punto de inflexión y muy importante porque pone límites. En este caso la empresa agrícola quería inscribir este nuevo derecho para seguir vendiendo agua a la gobernación. Y nos parece horrible utilizar resquicios legales para hacerse millonarios con un recurso vital como es el agua en una zona de escasez hídrica como ésta”, concluyó la abogada.

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