Presentan oficio ante Senado en que solicitan acelerar la discusión sobre construcción de plantas desaladoras

Trece años consecutivos cumplió este pasado 2021 la sequía en nuestro país, que sumado al cambio climático transformó completamente el escenario hídrico en la región de Coquimbo, en que las consecuencias en los sectores rurales se observan a simple vista en la agricultura como en el sector caprino y en que el fantasma del racionamiento del agua potable se acerca a pasos agigantados a La Serena y Coquimbo para los próximos meses.

Bajo este escenario los diputados por la región de Coquimbo Juan Manuel Fuenzalida y Víctor Pino Fuentes presentaron un oficio a la presidenta de la Comisión Especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequia del Senado, Isabel Allende, en que solicitan acelerar la discusión del proyecto de ley sobre el uso de agua de mar para desalinización, en cual ingresó el 25 de enero de 2018, sin existir avances hasta el momento.

Al respecto, el diputado Juan Manuel Fuenzalida señaló que hoy la sequía llegó para quedarse y sus efectos siguen siendo catastróficos en la región de Coquimbo. Afirmó que “en diferentes comunidades rurales de Elqui, Limarí y Choapa los pozos para abastecer los APR se encuentran completamente secos, ante lo cual urge avanzar en la construcción de plantas desaladoras y allí es el Senado quien debe apretar el acelerador en este tema”.

En tanto Víctor Pino Fuentes, también legislador por la región de Coquimbo, sostuvo que los embalses en la zona están con una capacidad promedio de un 18%, ante lo cual y producto del cambio climático se debe dejar de pensar en lluvias que tal vez no llegarán. “Hoy debemos dar vuelta la mirada y darnos cuenta que tenemos un embalse enorme que nos puede proveer de este vital elemento y darnos sustentos a la vida de tanto chilenos y chilenas que la necesitan”.

Paralelamente, ambos parlamentarios recordaron que este proyecto de ley permitirá proponer la creación de una Estrategia Nacional de Desalinización, destinada a establecer las orientaciones y prioridades en el uso del agua de mar y la instalación de plantas desalinizadoras, además de modificar el procedimiento de solicitud y caducidad de las concesiones marítimas y establecer la prevalencia del uso de las aguas para el consumo humano.